Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron dos propuestas de reforma, según los legisladores, con el objetivo de modernizar técnica y tecnológica el marco normativo. Sin embargo, el alcance y viabilidad legal de las propuestas han abierto el debate sobre la técnica legislativa empleada.

Sustitución de conjunción copulativa en el Código Penal

En primera instancia, la diputada María Guadalupe Cruz Montaño presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el párrafo tercero del artículo 179 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. La propuesta se centra específicamente en el cambio de la letra "y" por la letra "o" dentro de la definición legal de la cópula en el delito de violación.

De acuerdo con la exposición de motivos de la legisladora, la redacción vigente establece que se entiende por cópula "la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal y bucal". Cruz Montaño argumenta que el uso de la conjunción copulativa "y" genera un problema interpretativo estricto que podría sugerir la exigencia simultánea de las tres vías para configurar el delito. La reforma plantea sustituirla por la conjunción disyuntiva "o" con el fin de precisar que basta con cualquiera de las vías para actualizar el tipo penal, buscando dotar de certeza jurídica a la norma sin generar un impacto presupuestal.

Propuesta de reforma digital a un ordenamiento procesal en transición

Por otra parte, el diputado Avelino Tovar Iglesias, coordinador del grupo legislativo del PVEM, presentó una iniciativa para adicionar párrafos a los artículos 110 y 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo. El proyecto busca autorizar de forma optativa el uso de plataformas digitales de mensajería instantánea (como WhatsApp o Telegram) para la realización de notificaciones judiciales procesales y flexibilizar la autorización de licenciados en derecho dentro de los juicios.

No obstante, esta iniciativa coincide con un escenario de transición jurídica a nivel nacional. Actualmente, ya se encuentra vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ordenamiento único que sustituirá de forma gradual a los códigos procesales locales en todo el país. En el caso específico de Hidalgo, la implementación total de este código nacional está programada para el año 2027.

Debido a esta unificación procesal civil y familiar, la facultad exclusiva para legislar y plantear modificaciones en dicha materia ha quedado reservada formalmente al Congreso de la Unión.

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