02 de Marzo del 2026
En un contexto marcado por reformas judiciales, debates sobre la independencia del Poder Judicial y cuestionamientos al acceso real a la justicia, el abogado hidalguense Antonio Márquez Hidalgo, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo A.C., habla sobre los retos del sistema adversarial, la procuración de justicia y el papel que debe asumir la abogacía frente a la sociedad.
Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales por la misma institución, Márquez Hidalgo sostiene que la capacitación constante no es opcional, sino una obligación ética.
En entrevista para la revista Plétora Lex, advierte sobre retrocesos en materia de derechos humanos, cuestiona la reforma judicial y reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la práctica jurídica.
En tiempos donde la justicia enfrenta cuestionamientos estructurales y tecnológicos, Antonio Márquez Hidalgo sostiene que el compromiso ético y la formación constante son la única vía para fortalecer el Estado de Derecho. “No es una utopía”, insiste, “es una responsabilidad compartida”.
¿Quién es Antonio Márquez Hidalgo?
Antonio Márquez Hidalgo es un abogado egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales por la misma casa de estudios. Actualmente soy abogado litigante y presidente de la Barra de Abogados del Estado de Hidalgo.
¿Qué significa para usted presidir esta barra de abogados?
Es una gran responsabilidad, no sólo con el gremio, sino con la sociedad hidalguense. Lo que se busca es llegar a los rincones que no han sido escuchados y que la sociedad conozca sus derechos. El derecho positivo no es solamente el que está plasmado en la norma, sino el que la sociedad conoce y ejerce. Además, implica impulsar la capacitación continua en el gremio para ofrecer los profesionistas que la sociedad demanda.
¿La capacitación forma parte del rol de una barra de abogados?
Sí, es fundamental, pero también debemos retribuir a la sociedad lo que nos ha dado y trabajar para que prevalezca el Estado de Derecho. Cuando un abogado deja de prepararse, le queda a deber a la sociedad, porque el Derecho evoluciona conforme cambian las necesidades sociales y bajo el principio de progresividad de los derechos humanos.
¿Observa fallas en el sistema de justicia actual?
Tristemente sí. El sistema adversarial fue diseñado para que no todos los asuntos llegaran a juicio oral, sino que se privilegiaran mecanismos alternos de solución de controversias. Sin embargo, las instituciones muchas veces trabajan bajo indicadores numéricos y no de fondo.
El sistema está sobresaturado y no siempre se materializa un acceso a la justicia pronta y expedita, ni para víctimas ni para personas investigadas. No toda denuncia debe terminar en juicio; primero debe analizarse si el hecho es delito y si permite una salida alterna.
¿El acceso a la justicia es igual para todos?
No. En las carpetas de investigación se observa que los asuntos avanzan más rápido cuando la víctima cuenta con representación legal. También influye si el caso se vuelve mediático. No existe una igualdad plena en la procuración de justicia.
¿Considera independiente al Poder Judicial?
Como está regulado, existe independencia. En el caso del Estado de Hidalgo considero que sí la hay. Sin embargo, estuve en contra de la reforma al Poder Judicial federal, porque los cargos de juez, magistrado o ministro deben alcanzarse por carrera judicial y capacidad, no por voto popular.
Medir la efectividad del Poder Judicial preguntando si la gente está conforme no es un indicador correcto, porque en cualquier litigio una parte quedará inconforme.
Sobre las recientes reformas en materia de amparo y Poder Judicial, ¿ve aspectos positivos o preocupantes?
Creo que habrá que volver a analizar la reforma judicial. Se han exhibido casos donde se cuestiona la capacidad de quienes ocupan cargos jurisdiccionales. En materia de amparo y prisión preventiva oficiosa, considero que estamos ante un retroceso. Existía una tendencia para erradicarla, pero con la reforma constitucional se limita la interpretación y se afecta el principio de presunción de inocencia, incluso frente a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
